La semana económica

Aquí viene la ingeniera comercial otra vez
Atento, atento, son las noticias de nuestro país:

El conjunto de medidas para las pequeñas y medianas empresas que se anunció el jueves pasado: desde la perspectiva de los intereses permanentes del país, cabe subrayar que las significativas líneas de financiamiento que contempla —como el aporte adicional de 100 millones de dólares (para totalizar 300) al fondo de financiamiento de inversiones para créditos de largo plazo administradospor Corfo; el fortalecimiento del fondo de garantías de inversiones que ésta maneja; la creación en el Banco Estado de una línea de crédito por 300 millones para financiar a las pymes; la adquisición de activo fijo y fondos para financiar los costos de transacción en que incurren para la obtención de microcréditos—, más allá de ser cuantiosas, no deberían convertirse en subsidios, porque no conviene a Chile financiar empresas que, como ocurre con frecuencia, no son viables económicamente. En muchos países, incluso desarrollados, cuatro de cada 10 empresas que se crean no sobreviven después decinco años. Ese dinamismo es indispensable para asegurar aumentos de productividad y crecimiento. Por eso, todas aquellas medidas que aspiran a viabilizar empresas en problemas son costosas para el país. Es positivo que el paquete de medidas anunciado no haya caído mayormente en disposiciones de esta naturaleza —aunque hay algunas.
En su cuenta de mayo, el Banco Central mantuvo su proyección de crecimiento, además indica que la economía chilena podría tener un crecimiento en torno al 6%, más que en el rango inferior de la proyección. La autoridad monetaria corrigió al alza la proyección de inflación, pero manteniéndola todavía por debajo del 3,0 por ciento, que constituye su objetivo medio. Esto hace improbable que las tasas de interés puedan bajar durante este año, y no cabe descartar que suban hacia fines del mismo. En línea con su misión, en su exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado el consejo recordó que sus proyecciones suponen que la políticafiscal se mantendrá inalterada y que cambios en ella, como una relajación del superávit estructural de uno por ciento o un aumento significativo del precio del cobre de largo plazo, pueden tener efectos sobre la inflación o el tipo de cambio.
Análisis cuestionado, pero el Banco Central no cumpliría su labor si no lo realizare en momentos que hay debate sobre la política fiscal.
Las holguras fiscales, los importantes ahorros que ha acumulado el Estado han creado una presión por modificar la política fiscal. Por una parte, la hay en el sentido de utilizar dichos ahorros, olvidando que ellos se han acumulado para períodos de menor bonaza, para asegurar que el Estado podrá mantener sin problemas los niveles actuales de gasto público.Con los actuales precios del cobre, esa posibilidad se ve remota, pero no hace mucho, en el sexenio que va entre 1998 y 2003, el precio promedio de ese metal alcanzó, en moneda actual, 79 centavos de dólar. La regla actual permite mantener el gasto público como si el precio del cobre fuese 121 centavos de esa moneda. Ello permitiría gastar, por sobre los ingresos generados al menor valor del cobre, un total aproximado de dos mil 350 millones de dólares cada año. En seis años, el monto asciende a 14 mil 100 millones de dólares, que podrían financiarse, precisamente, con los ahorros que se han acumulado en estos últimos años, pero la regla también permite expandir el gasto como si los ingresos públicos estuviesen aumentando al mismo ritmo que resultaría de una tasa de crecimiento de 5,3 por ciento. Cuando el crecimiento efectivo es inferior al 5,3 por ciento, como ocurrió en el período 1998-2003, los ahorros permiten financiar los ingresos públicos faltantes. Una situación de esta especie, que lamentablemente no se puede descartar en los próximos años, haría que se consumieran rápidamente todos los recursos ahorrados. En consecuencia, es indispensable poner en perspectiva el fondo actualmente vigente. Fue lo que hicieron nuestros parlamentarios al votar, prácticamente por unanimidad, la aprobación del Fondo de Estabilización Económico y Social. No sería serio desconocer ahora ese acuerdo. El superávit estructural de 1%.
Distinto es el caso del superávit estructural establecido en la regla fiscal. Él fue el resultado de considerar algunas vulnerabilidades de la economía chilena, en particular los pasivos contingentes del Estado, asociados, entre otros factores, a las garantías de pensiones mínimas y pensiones asistenciales, la situación patrimonial del Banco Central y eventuales descalces cambiarios que eleven el costo de servir la deuda pública. Las tres situaciones están en este momento relativamente controladas, debilitándose, por tanto, los argumentos para defenderlas. Una eventual flexibilización, sin embargo, debe ser gradual, para evitar grandes efectos sobre el tipo de cambio y la flexibilización. El uno por ciento de superávit bordea los mil 500 millones de dólares.Por cierto, el destino de este dinero no es fácil de determinar. El Gobierno comprometió y planificó su programa entendiendo que esta regla no se modificaba, y recibió un mandato ciudadano para llevarlo adelante en esos términos, por lo que, en rigor, no tiene mandato para usar libremente esos recursos. Siendo así, si se flexibiliza la regla, el destino de esos recursos debiera ser objeto de un amplio proceso de deliberación pública. Sólo dos opciones parecen razonables: regresar estos recursos a la ciudadanía, por ejemplo, mediante un menor IVA, o destinarlos a un ámbito que motive gran consenso. En este caso, la apuesta puede ser educación y, en particular, la subvención educacional.

Y tu, de acuerdo?

Por favor que no se nos olvida la actualidad económica de nuestro país, que es re- importante.
Otra cosa, este tema aquí expuesto está facilisimo de ver si lo aplicas a la macroeconomía.